1903 – Gubernamentales armados contra los opositores en Chos Malal, la cúpula policial de la región por caer y el gobernador dispuesto a defenderse.
En el otoño de 1903 los vecinos de Chos Malal opositores al gobierno de Alsina, se organizaron en comisiones para que las denuncias tuvieran mayor peso al enfrentar a los interventores al Neuquén. El gobierno local se opuso a esas reuniones de vecinos quejosos que aguardaban impacientes a los enviados del Poder Ejecutivo Nacional, y en “previsión de los trabajos que hacen varias comisiones populares recogiendo firmas contra la gobernación (denunció El País del 8 de abril de 1903) … ha despachado ayer comisionados de entre sus propios empleados con la consigna de destruir los trabajos de aquellos. Estos empleados han salido armados como para entrar en combate”.
A la llegada de los interventores, el 21 de abril inmediato, los vecinos opositores blandían -a todo riesgo- un listado de funcionarios con oscuros antecedentes, y a la vez disponían de un sintético petitorio por mejoras locales. Para sustentar esto último bastaría el escenario decadente a la vista: la balsa del Neuquén abandonada y ya inútil, el destruido canal de Olascoaga o la deteriorada escuela.
El petitorio se divulgó el 19 de abril de 1903, dos días antes del arribo de los interventores y reclamaba la instalación de una sucursal bancaria, la rescisión de contrato de correspondencia vía Las Lajas -cambiándolo vía Añelo-, la reconstrucción de caminos y trabajos de irrigación sobre la planicie del arroyo Blanco. Para el 25 de abril, cuarto día de instalados los comisionados federales, los vecinos presentaron al ingeniero Carlos Gallardo, un pliego “destinado a comprobar las afirmaciones hechas anteriormente sobre la falta de garantías para la vida en el territorio” (El País, domingo 26 de abril de 1903).
La gravedad de las denuncias -de ser exactas y fundadas- salpicaban a varios funcionarios y merecían hurgar en varios archivos policiales y penales. El País publicó “como encausados y condenados” un listado que encabezaba el secretario de la gobernación -en dos ocasiones gobernador interino- Domingo A. Bravo “por abigeato ante los tribunales de Dolores, provincia de Buenos Aires”, al oficial primero Nicolás Montiel, “por defraudación a la tesorería de la gobernación y a una importante casa de Buenos Aires”. También figuraba en el listado el “jefe de policía Rodolfo Gómez por doble abuso de autoridad y complicidad en la evasión del penado Lara”, este último, asesino de la familia Monteros, recapturado, y que el secretario Ghigliani visitó en la cárcel local. Repuesto a la redacción de El Tiempo, Ghigliani lo volvió a entrevistar en la Penitenciaría Nacional de la avenida Las Heras, cuando Juan Bautista Lara llegó a ese bastión, salvado ya de la pena de muerte por desidia tribunalicia y prescripción procesal. A Abel Chaneton se lo incluyó “por malversación de fondos públicos y por tentativa de homicidio y otros delitos”. A José Magnasco, por “circulador de billetes falsos, abuso de autoridad y ensañamiento en la persona de Gregorio Ulloa”. El pliego también señaló al oficial de policía “José Taborda … condenado a tres años de prisión en la provincia de Mendoza” y a Durban J. Avila, “comisario del 4° departamento por malversación de fondos del consejo de educación”. Al oficial de policía del 3er. departamento Pablo Martínez lo alistaron “acusado por escándalo reiterado en la escuela de Taquimilán y exonerado del consejo de educación”. El escribano Ceferino Quevedo, secretario del juzgado letrado, figuraba por su ventilado robo de un billete de banco, causa en trámite ante la Cámara Federal de la Plata. El oficial Sergio Robledo, por haber sido “condenado a tres años de presidio por lesiones graves”. Seguían policías y hasta soldados en una interminable lista de delitos diversos, muchos de los cuales integraban uno de los expedientes basado en otro memorial que los mismos denunciantes habían presentado al Ministerio del Interior el 12 de febrero del mismo año 1903.
El jefe de policía Rodolfo Gómez y su segundo Abel Chaneton, fueron suspendidos. El pedido de los vecinos para mantener la suspensión, no fue respondida por el Ministerio del Interior. Se temieron venganzas apenas concluyeran las investigaciones y los funcionarios federales retornaran a Buenos Aires. Había que esperar.
En la tarde del viernes 1° de mayo -según El País- los comisionados investigaron una serie de denuncias contra el juzgado letrado en el expediente sobre evasión del penado Lara “que contiene declaraciones comprometedoras contra el jefe de policía suspendido y fue llevado a la comisión nacional para su estudio”. Fue entonces que Ghigliani visitó al criminal Lara en la cárcel de Chos Malal. Concluidas las indagatorias, al día siguiente, los altos funcionarios policiales Gómez y Chaneton fueron restituidos.
Hasta allí los comisionados trabajaban no menos de ocho horas diarias, pero avanzaban “lentamente a causa de la índole especial de su trabajo y del deseo … de no dejar un solo hilo sin desenredar”, según El Tiempo, que marcaba esa tenacidad por llevar a cabo “hasta en sus menores detalles, con declaraciones personales, excluyendo toda declaración de grupos”. Los dos últimos días de abril investigaron en la sede policial las “denuncias hechas contra esa repartición” y otro par de días se instalaron el juzgado letrado. “Luego serán entregados a la intervención los libros de la gobernación, a fin de que puedan inspeccionarlos debidamente”. No todo fue trabajo: en la tarde del 30 de abril, los agasajaron en la sede municipal, y ya circuló el rumor de que “el gobernador Alsina se irá a Buenos Aires a fin de estar presente allí cuando el comisionado informe al Ejecutivo” (aseguró El Tiempo). Algo de cierto había: por el correo de esa misma noche, Alsina remitió a la Contaduría Nacional la rendición de cuentas atrasada desde mayo de 1902 hasta febrero de 1903.
En la mañana del viernes 1° de mayo, Gallardo y Ghigliani visitaron la balsa abandonada sobre el Neuquén y se dispusieron a hacer a caballo las 12 leguas desde Chos Malal a Milla Michicó, donde el 17 de octubre de 1902 fuera asesinado el ingeniero Corydon P. Hall, descubridor del oro lugareño y yerno del coronel Olascoaga. Conocieron el lugar del crimen: un negocio almacén de J. Sotero, habilitado de Salvador Trotta, donde ocurrió el asesinato.
Aquel galope fue un entrenamiento para el regreso. Calculaban estar en Buenos Aires a mediados de mayo marchando “hasta la confluencia por el camino de Añelo, 68 leguas a caballo y mula”, según El Tiempo, una fatiga en cuatro patas para luego desplomarse en el tren.
El martes 5 de mayo Gallardo y Ghigliani revisaron los libros de la gobernación. Las investigaciones llegaban a su fin y calculaban que en dos días partirían. Pero algunas indagaciones y respuestas pendientes retrasaron el viaje. Alsina hacía buena letra: envió el sumario del comisario inspector (Chaneton) instruido al comisario de Las Lajas; el juzgado letrado puso al día los asuntos criminales pendientes de fallo y hasta activó “el proceso levantado en Las Lajas contra Chaneton sobre rapto, que ha estado paralizado durante dos años” (El Tiempo, jueves 7 de mayo de 1903). La intervención estaba por concluir.
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Publicado en el Diario Río Negro, el 16 de Noviembre del 2003. Artículo escrito por Francisco Juárez.
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