Se defendió con acusaciones contra quien le precedió y negoció su permanencia a cambio de la cabeza de sus funcionarios. Pero la hora de la verdad estaba cerca.
Hace un siglo estaban por destrabarse -desde la Casa Rosada- las dificultades que complicaban y desprestigiaban al gobierno territorial neuquino. No sólo se precipitaba un cambio de gobierno sino de sede del mismo. La capital surgiría un año y algo más después, en un lugar más estratégico. Pero el lunes 22 de junio de 1903, cuando los neuquinos esperaban el cambio inminente de gobernador, un rumor los decepcionó. Corrió la voz de que el informe del comisionado federal Gallardo sería favorable al gobernador José Ignacio Alsina, entonces en Buenos Aires. Sus gobernados tomaron medidas resistentes: un cierre de comercios si volvía. Pero el cambio era inminente. Aun así, nadie imaginaba lo que sucedería en los 15 meses siguientes. Por el momento, las intervenciones federales más la prédica demoledora ventilada por los diarios nacionales, parecían desmoronar la figura de Alsina. Este apuraba en “la Rosada” cargos contra el ex gobernador Olmos a manera de aliviar los propios, pero el clamor de la prensa inquietaba al riojano ministro del interior (J. V. González) y al propio Roca.
Por unas cabezas
No quedan precisiones sobre los entretelones urdidos en la Casa Rosada, pero se negociaba la renuncia de Alsina a cambio de exonerar a jefes de su plantel policial de un plumazo, incluido el comisario Chaneton. También era improbable sospechar que una nueva capital quedaría inaugurada el 12 de setiembre de 1904 en la Confluencia, y menos aún que Chaneton sería allí figura popular, propulsor de mejoras urbanas y atrincherado periodista a la manera de un fiscal ad hoc. Tampoco se sospechaba que un cordobés (adoptado por la política tucumana) sería gobernador fundador de la nueva y definitiva capital neuquina.
Se estaba en el caldero de la incertidumbre. Algunos editoriales porteños clamaban, con desdén, que se terminara de “desenredar la madeja de aquello lejanos andurriales”. Alsina en Buenos Aires retenía algunos hilos del poder: repuso a Chaneton, suspendido por dos cargos que le imputó el interventor Gallardo. Chaneton reasumió el 23 de junio a cargo de la jefatura de policía. Sin proponérselo, actuó con la cara repudiada del alsinismo. Adolfo L. D´Achary telegrafió entonces a El País el desagrado que causó esa muestra de poder agónico presagiando que nada iba a cambiar. Por eso amenazó -en la edición del miércoles 24 de junio- que el “territorio quiere justicia y reparaciones y lo obtendrá cueste lo que cueste”.
El viernes 26 el interventor Gallardo presentó finalmente su informe al ministro González. Trascendió que contenía cargos de importancia contra Alsina, a la vez que en un telegrama de Chos Malal los vecinos pedían la exoneración del secretario del juzgado Ceferino Quevedo.
Maniobras militares
A su vez, el joven Alejandro Agote, auxiliar separado del juzgado letrado durante la intervención en un conflicto con el escribano Quevedo, estaba por acusar a las autoridades, pero esa noche -la del sábado 27- se presentó el jefe interino y comisario Chaneton al comercio de Salvador C. Trotta e intimó al joven Agote a ser acompañado al cuerpo de guardia. Agote dejó la reunión que allí celebraba con gente importante de Chos Malal y D’achary corrió al telégrafo. En la redacción de El País el telegrama con la detención de Agote arribó datado esa misma noche a las 10.8 p.m. con la calificación de “nuevo atropello cobarde y sin nombre”. Un tal Montiel, sobrino del comandante del 7 de caballería local, también preso en la causa que se investigaba (pero con el agravante de otra por defraudación a la gobernación por 400 pesos), fue puesto en libertad el lunes 29 después de una larga conferencia entre el juez Pardo y el tío militar del acusado. Por la misma causa Agote compartió la cárcel con el ex contador Guarú y otros funcionarios (Martiniano Olmos, Gil y Laurente), causa movida desde Buenos Aires por Alsina, pero también su última carta.
El corresponsal D’Achary marchó ese lunes al mediodía a la cárcel y luego telegrafió: “A la 1 p.m. entrevisté al señor Guarú, ex contador de la administración pasada quien es el único que conoce conscientemente por tener título y haber conocido de cerca la marcha gubernativa del período del señor Olmos”. El entrevistado dijo que el proceso contra empleados de la administración Olmos -iniciado por una presunta desaparición de fondos judiciales- obedecía a informaciones falsas y a un acto de venganza. Relató con detalles cómo fue el traspaso del gobierno de Olmos a Alsina -frente al apoderado de la gobernación doctor Arturo S. Torino- demostró que había crédito a cobrar por 45 mil pesos y así atender pagos de 15 mil por depósitos judiciales y otros (tropas de carros, herrería, materiales de construcción). Guarú exhibió copia del balance que recibió Alsina junto a la sugerencia de cómo debía proceder (con precisos detalles en la edición de El País del 30 de junio de 1903).
Batalla de escritorio
En realidad, cuando asumió Alsina su meta fue trasladar la capital a Las Lajas donde estaban sus intereses rurales, pero necesitaba aprobaciones. Trató de conseguir amistades judiciales y militares. Vital era el juzgado letrado a cargo del honesto doctor Andrés Herrera: un escollo. Entonces se lo manchó con una calumnia urdida por un joven J. Da Rocha -que también ejercía la procuración junto con el comandante Montiel- y era más conocido por el alias de El Brasileño, secretario privado de Alsina. El juez presintió la tormenta y prefirió abandonar las cordilleras. El cargo quedó a medida para Patricio J. Pardo, el juez que se movió al gusto de Alsina y no sólo eso: cuando cayó el gobierno, Pardo perduró en su puesto.
Había despuntado el mes de julio y el miércoles 1° trascendió que Roca habría sugerido la necesidad de separar a Alsina del gobierno del Neuquén. El presidente había conferenciado con el interventor Gallardo y con el ex gobernador Olmos, acusado por Alsina. Al día siguiente Roca no fue a la Casa Rosada pero allí se entregó un informe de prensa en el que se anunciaba que un decreto del P.E. destituiría a varios comisarios de Neuquén para normalizar el territorio. También se decía que los cargos contra Alsina no mellaban su honorabilidad y por el momento no se trataría el traslado de la capital (a Las Lajas) como quería Alsina. La prensa catalogó lo resuelto de simple “cataplasma” El 3 de julio, mientras el comerciante español Andrés Besabe se iba a Buenos Aires a presentar personalmente sus denuncias al embajador y autoridades nacionales, en Chos Malal el secretario letrado Ceferino Quevedo y el auxiliar Villarino se tomaron a golpes de puños frente a la casa de gobierno de Chos Malal, en presencia del gobernador interino y del juez letrado. Detenidos, (Quevedo un tanto averiado) fueron liberados por Abel Chaneton.
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Publicado en el Diario Río Negro, el 22 de Junio del 2003. Artículo escrito por Francisco Juárez.
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