En los comerciantes que combinaban varias actividades -boliche, almacén de ramos generales, acopio de frutos, etc.-, podemos encontrar el origen de la tradicional burguesía regional. En esta etapa muchos de ellos amplían su radio de operaciones, instalando sucursales en los nuevos centros urbanos como estrategia para adaptarse al cambio de situación que provocó el cierre definitivo de los circuitos comerciales con el Pacífico, y algunos aprovechando el surgimiento de nuevas actividades productivas como el petróleo.
Dentro de las estrategias de acumulación comunes, deben destacarse los adelantos a la producción. Bolicheros, almaceneros y acopiadores eran intermediarios entre la provisión de bienes de consumo y la compraventa de productos ganaderos, adelantando mercaderías o dinero a los pequeños crianceros trashumantes a cambio de su producción de cueros, lanas o pelo de chivo.
Estos pequeños productores, habían tenido, hasta el definitivo cierre comercial de la frontera con Chile entre las décadas de 1930 y 40, la posibilidad de una comercialización directa de ganado en pie en el mercado chileno. Cortadas tales posibilidades, se acentuó el proceso de su dependencia con los comerciantes regionales, primer eslabón de acceso al mercado nacional, intensificándose en consecuencia la práctica del trueque y los adelantos a la producción. Esto generaría una dependencia muy importante de los pequeños productores con el sector mercantil, estratégicamente distribuido en el interior del territorio, quien fijaba los precios y aseguraba la reproducción de estas prácticas como base principal de su poder de acumulación.
El “fiado a cuenta” era otra de las prácticas comunes en los almacenes, casi siempre bajo el uso de una libreta donde se anotaban diariamente las transacciones, incluyendo no sólo mercaderías sino también dinero. La crónica escasez de billetes era otro elemento aprovechado para el enriquecimiento de aquellos que lo tenían, apareciendo formas claramente usurarias del crédito. Las deudas en dinero o en especie se cobraban muchas veces por la vía judicial. Otra forma habitual era el pago de la mano de obra mediante “vales” que los peones y puesteros de las estancias debían cambiar por mercaderías en el almacén del patrón o en otros comercios del área, lo cual generaba importantes cadenas de crédito con un interés que rondaba el 10%.
Detás del mostrador: Roque Muglia y Marcelo Bagli. Apoyado en el mostrador: Nicasio Huarte. Centro: Paulino Abella y otros parroquianos.
Aprovechar las ventajas de poder vender y surtirse alternativa o simultáneamente en los comercios de Chile y Argentina para hacer diferencias de costos, fue una constante, sobre todo a partir de la llegada del ferrocarril a Zapala en 1914. Los comerciantes usaban, según conveniencias de mercado, una u otra vía alternativa de comercialización. Tal es el caso de la familia Sapag, que en su condición de consignatarios de hacienda enviaban animales tanto a Chile como al mercado del Atlántico. Esta vía habría tenido mucha importancia hasta los años 30 porque justamente, a partir de la crisis, cuando se profundizaron las medidas de cierre de la frontera comercial con los mercados del Pacífico, la familia Sapag, que debió cesar en el uso habitual del corredor Lonquimay-Temuco, habría sufrido una “quiebra de sus negocios en Zapala”, trasladándose parte de la familia a Cutral Co (Felipe y Elías) para iniciar otra estrategia comercial. De todos modos, la familia mantuvo en Zapala su comercio de abastecedor de las guarniciones militares de Zapala, Covunco y Las Lajas, así como el de proveedor de otros comercios minoritarios en el interior del territorio.
Había otras dos modalidades importantes de acumulación de estos grupos mercantiles, derivadas de la demora en la provisión presupuestaria que implicaba la dependencia económica y política de los Territorios Nacionales respecto del gobierno central en el extenso período que se extiende entre 1884 y 1955.
Se destaca, en primer lugar, la provisión de bienes diversos a las instituciones de gobierno locales, particularmente importante en el caso del racionamiento de los presos y de las instalaciones militares. En las poblaciones más importantes se recurría para ello a un llamado a licitación donde los oferentes siempre se repetían en razón de ser los únicos capaces de esperar el considerable atraso en los pagos en que incurría la Gobernación, producto a la vez de los retrasos presupuestarios nacionales. En conclusión, sólo los comercios más importantes podían resistir la cadena de demoras y transformar la provisión de raciones en un excelente negocio a largo plazo. En las comisarías y cárceles del interior rural, la importancia de la cadena de proveedores se multiplicaba, máxime en lugares donde ni siquiera se hacía el llamado a licitación sino que se adjudicaba el racionamiento en forma directa. Así aparecen, entre otros, la firma Jalil y Diul en las comisarías del Departamento Pehuenches; Felipe Pessino como proveedor de la cárcel de Chos Malal; Sapag Hnos. en Zapala y Cutral Co; y Rambeaud y Cía. en la Comisaría de Zapala. El abastecimiento diario a las dependencias del Estado nacional en el territorio era también fuente sustancial de riquezas. Cabe destacar, en este sentido, el papel jugado por la radicación de regimientos en diversos puntos del interior del territorio, a quienes los comerciantes proveían de carne y otras mercancías: El “Regimiento X de Infantería de Montaña” se instaló por gestión de la familia Sapag en 1937 en la zona de Covunco, cerca de Zapala. En la década de 1930 se construyó la Guarnición Ejército Zapala, y se instaló también el “Regimiento IV de Caballería” en 1944. A ellos se agregaron el “Comando de la VI División del Ejército” en Neuquén capital en 1940 y las tres unidades de Gendarmería Nacional instaladas en el territorio a partir de la creación de la fuerza -Ley 12.361- (Chos Malal y Las Lajas en 1941 y San Martín de los Andes en 1942).
La construcción del ferrocarril y la radicación de las plantas de YPF, también demandaron importantes cantidades de bienes que eran cubiertos por las mismas casas comerciales.
Otra forma habitual que los comerciantes locales usaban para enriquecerse fueron los adelantos de sueldos a los empleados públicos. Se han localizado innumerables documentos que dan cuenta de esta costumbre generalizada, por la cual los comerciantes locales adelantaban los sueldos a los jueces y agentes -policías y empleados en general- de las dependencias territoriales, ya fuera en dinero o en mercancías de consumo, con lo cual se mantenía una cadena de endeudamiento permanente a favor del comerciante que muchas veces pagaba la Gobernación. Como ejemplos: En 1931, la Comisión de Fomento de Chos Malal informa a la Contaduría General de la Nación sobre ingresos y egresos realizados en 1930; entre los últimos figuran, $180 en concepto de pago a la Sucesión Pessino -conocida firma comercial- por adelanto de sueldos atrasados de los meses de agosto y septiembre. Entre otros muchos, un documento firmado por un Cabo de la Policía hace constar que Rambeaud y Cía. le adelantó su sueldo “neto” por razones de “urgente necesidad”, autorizando al comerciante a cobrarlo en la Gobernación.
Los funcionarios y empleados de la administración territorial entregaban sus recibos de sueldo o una autorización escrita a las firmas comerciales, que directamente reclamaban el pago a las autoridades. Un nutrido cuerpo de notas y telegramas a la Gobernación del territorio, procedentes de las comisarías y juzgados de paz del interior, reclaman el pago para las distintas firmas comerciales que en cada localidad han adelantado los sueldos correspondientes. Otras veces, los comerciantes reclaman directamente los sueldos a la Gobernación.
Coincidentemente, esas firmas eran también las proveedoras de racionamientos para presos y de forrajes para la caballada policial, asegurando también el funcionamiento de las comisiones de fomento mediante adelantos en efectivo.
Aparecen así, entre otros, firmas conocidas como “La Unión”, de Ferré y Yerio, en Junín de los Andes, que adelantó los sueldos del personal del Juzgado de Paz y Comisaría; Zingoni y Cía”, con adelantos a la Comisaría de Catan Lil; “Cía. Estancia Pulmarí Ltda.”, que proveyó al racionamiento de presos y pagó el sueldo del Subcomisario de Aluminé; “La Cordillera”, de José G. Obeid y Cía., que proveyó el racionamiento y pagó sueldos a los agentes de la Subcomisaría de San Martín de los Andes y a los miembros de la Inspección Sud. Un comerciante, José León, de Chos Malal, habitual proveedor de la Comisión de Fomento de esa localidad, declara adelantar dinero para el funcionamiento del organismo. Y así otros casos.
Más adelante, en 1930, se establecieron normas específicas que obligaban a la Gobernación a pagar los sueldos a sus empleados en “mano propia”. Ejemplo: La firma “Zingoni y Cía. “, a través de su gerente Francisco La Valle, solicita se le abone el sueldo del juez de paz de Zapala, Eduardo Castagnino. La petición es denegada por disposiciones en vigencia que obligan a pagar los sueldos de los empleados nacionales en “tabla y mano propia”.
Puede ser ésta la causa por la cual a partir de esa fecha aparecen muchos casos donde el comerciante reclama la deuda del agente ante el juez de paz del departamento respectivo y éste inicia un expediente para el embargo del sueldo correspondiente. La Gobernación depositaba entonces el sueldo a la orden del juzgado de paz o lo remitía al interior para que se pagara al comerciante “perjudicado”. Productores ganaderos, dependencias oficiales y agentes públicos permanecían así permanentemente endeudados con los comerciantes locales, en una cadena de larga duración y difícil ruptura donde los condicionamientos políticos jugaban un rol fundamental, máxime en un escenario donde el comerciante era también el Juez de Paz o integraba seguramente la Comisión de Fomento o el Consejo Municipal de la localidad. Sirva de ejemplo el caso de Pedro Nazarre Piñero, importante ganadero y comerciante, que además fue Juez de Paz de Loncopué durante más de 22 años consecutivos.
La generalización de estas prácticas fue tejiendo una extensa red de “solidaridades” que, unidas a otras estrategias de acumulación, dibujarían el mapa del poder en el territorio. Un ejemplo generalizado es la expedición de guías que ha-cían los jueces de paz a los comerciantes del interior sin exigirles comprobante alguno de la procedencia del acopio. Los comerciantes, por su parte, tampoco exigían al vendedor la prueba de la propiedad de los frutos con las boletas de señales, violando abiertamente las prescripciones del Código Rural y permitiendo la generalización del comercio de “frutos mal habidos”.
Otro acto de “ilegalidad” frecuente era el desconocimiento por parte de los acopiadores de la exigencia contenida en la misma norma legal y reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto del 174/1918, consistente en llevar un libro-registro foliado de sus operaciones, que debía presentarse todos los años para su rubricación por parte de las autoridades territoriales. El incumplimiento de este requisito impedía a la Oficina de Estadísticas llevar un registro general de acopiadores de frutos y detectar eventuales infracciones en el pago de las patentes. Muchas veces, sin embargo, las excepciones muestran las connivencias entre los comerciantes y el poder.
Conclusiones
Los grupos mercantiles locales a través de una serie de mecanismos y prácticas características se apropiaban de una parte sustancial de los excedentes generados por el conjunto de la actividad económica dominante, sobre todo por los pequeños productores ganaderos, ocupantes de tierras fiscales, particularmente importantes en las áreas del norte y centro del territorio, donde los campos eran de inferior calidad y la propiedad privada del recurso se encontraba menos generalizada. A ello se sumaba el aprovechamiento de la doble circulación comercial del territorio, que permitía valerse de las ventajas comparativas de utilizar alternativa o simultáneamente los mercados del Pacífico o del Atlántico. El cierre comercial de la frontera con Chile, en un proceso de larga duración iniciado en la segunda mitad de la década de 1920 y completado sobre mediados de la del 40, concluyó una etapa en el intercambio regional, vinculando definitivamente el territorio con el mercado nacional, en un proceso de desigual integración que afectó particularmente a los pequeños crianceros trashumantes, que pasaron a depender de manera definitiva de estos grupos mercantiles, como única forma posible de colocación de sus bienes ganaderos en el mercado argentino.
Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.
Extraído y adaptado del Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie, núm. 28, 2do. semestre 2005. – Asuntos de Familia, la construcción del poder en la Patagonia: El caso Neuquén, por Susana Bandieri
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